La puja entre el gobierno argentino y la empresa Suez de Francia se inscribe en el debate internacional sobre el acceso al agua como un derecho humano y la gestión pública del mismo. Sin embargo, en el marco de la Cumbre Iberoamericana que acaba de realizarse en Salamanca, España, las corporaciones transnacionalizadas parecen habérselas ingeniado para seguir quedándose con la empresa Aguas Argentinas.

Sobre ese tablero, Suez lograría sacarse de encima la deuda que mantiene con el Banco Mundial (BM) -650 millones de dólares-, lograr fondos frescos y operar desde Aguas de Barcelona, que en la nueva estructura se quedaría con casi el 10 por ciento de la acciones de Aguas Argentina. Recordemos que Suez controla el directorio de Aguas de Barcelona, con el control del 51 por ciento de su paquete accionario.

El presidente argentino Néstor Kirchner y el jefe de gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero aprovecharon sus encuentros durante la Cumbre Iberoamericana de Salamanca para trazar los principales ejes del nuevo negocio internacional en marcha.

La pieza clave de ese negocio pasaba por conseguir fondos. Resta aún que el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acepten hacerse cargo de la deuda de Aguas Argentinas. Todo indica que el uruguayo Enrique Iglesias, hasta hace poco titular del BID y flamante secretario permanente de la Cumbre Iberoamericana, ya operó en ese sentido.

En tanto, los dineros frescos serán aportados por un fondo de inversión de Estados Unidos (Fintech) y otro anglo-estadounidense (Latam).

Fintech opera bajo la conducción del mexicano David Martínez, vinculado con el manejo de fondos del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari, quien terminó involucrado en escándalos de corrupción y lavado de dinero. Se trata de un grupo con activa presencia en Argentina desde la caída de este país en "default", ingresando en grandes empresas privatizadas con problemas de deudas, como el caso de la telefónica Telecom.

El diario argentino Pagina 12, de Argentina, aseguró el domingo pasado que Fintech es un fondo de inversión que sostiene una "fluida relación" con el secretario de Finanzas de este país, Guillermo Nielsen.

Latam actúa en Argentina desde enero pasado, en la gestión de fondos para compañías europeas que operan en el país. Está encabezado por el argentino Ignacio Rosner, quien fuera directivo de empresas generadoras de energía y del Grupo Clarín (la empresa de medios de comunicación mas poderosa del país).

Ese parece ser el camino hallado para transitar la crisis que se había generado entre el gobierno argentino, su par francés y la multinacional de origen galo Suez, especializada en gestión de recursos hídricos y servicios cloacales, encuentra su origen en el traumático proceso de masivas privatizaciones realizado en argentina durante la década del ’90.

En 1993 se privatizo el servicio de agua potable y cloacas de la ciudad de Buenos Aires y su cinturón periférico, el Conurbano Bonaerense. Se creó la empresa Aguas Argentinas, cuya accionista mayoritaria es la francesa Suez, junto a la española Aguas de Barcelona en un 25 por ciento, correspondiendo un 8 por ciento al Banco de Galicia (controlado por capitales locales) y otro 10 por ciento a las acciones de propiedad participada de los trabajadores.

Nació así la mayor unidad de prestación de servicios de agua potable del mundo, a la que se otorgó una concesión de 30 años, un aumento inicial del 100 por ciento en las tarifas, y una cláusula de ajuste de sus ingresos con la variación del valor del dólar, que se mantuvo en paridad 1 a 1 con el peso hasta la crisis argentina del 2001, que llevó a la devaluación de la moneda local.

Durante este período de 8 años la empresa reconoció ganancias por unos 3.500 millones de dólares, que desde el gobierno son estimadas en 5.000 millones.

Sin embargo, las autoridad la acusan de haber incumplido el programa de inversiones establecido en el pliego de concesión. Usuarios locales la han demandado por un monto total de casi 1.100 millones de pesos (unos 366 millones de dólares al cambio actual) por baja presión en la provisión del servicio domiciliario de agua potable (300 millones) y errores en la facturación del servicio (900 millones). El organismo de control del Agua ( ETTOS) le aplicó sucesivas multas por estos defectos, e incumplimientos en el plan de inversión.

El conflicto cobró dimensión de incidente diplomático a partir de las declaraciones del embajador francés, quien calificó al presidente Néstor Kirchner de “populista” y “sesentayochentista”, por su actitud hacia la multinacional francesa, que a través de su controlada Aguas Argentinas brinda servicio de agua potable y cloacas a 10 millones de habitantes la ciudad capital del país y la provincia de Buenos Aires.

El gobierno argentino no aceptó la suba de tarifas solicitada por la empresa alegando pérdidas operativas por valor de 880 millones de pesos, y un endeudamiento por 700 millones de dólares, esto a partir de la devolución del la moneda local en enero de 2002, excusa por la cual Aguas Argentinas presentó ante el organismo internacional de arbitraje de controversias económicas internacionales, conocido por su sigla CIADI, una demanda de 1.700 millones de dólares en el año 2003.

Esta negativa oficial precipitó el fin de las negociaciones entre el gobierno y la empresa, lo cual sucedió a mediados de septiembre la comunicación oficial de esta última de abandono de la prestación en el plazo fijado legalmente, febrero del 2006 (pleno verano boreal en argentina, estación de gran consumo de agua).

Obviamente, Suez acusa al gobierno argentino de incumplimiento de contrato, y se reserva el derecho de persistir con su demanda en el CIADI.

Ante el escenario que se perfilaba, el presidente Kirchner ya había sondeado a Rodríguez Zapatero, sobre la posibilidad de que Aguas de Barcelona disolviera en Argentina su acuerdo con Suez y se hiciera cargo de la administración del servicio, junto a tres bancos argentinos y un inversor norteamericano.

La escalada verbal y diplomática llevó a una situación de no retorno, en la que el gobierno barajó dos alternativas: convencer a los españoles de invertir en Aguas Argentinas o reestatizar el servicio, idea aportada, entre otros, por Danielle Mitterand, viuda del presidente francés, durante su visita primaveral a la Argentina, inspirándose en el ejemplo de la ciudad gala de Grenoble.

Allí Suez también incumplió el contrato de concesión, lo que culminó en la rescisión del mismo, la gestión pública municipalizada del servicio, con buenos resultados, y la prisión del ex alcalde, a quien se le comprobó cohecho con la empresa.

La gestión de Suez a través de su controlada Aguas de Illimani en la población de El Alto, cercana a la ciudad de La Paz, Bolivia, generó un levantamiento popular denominado la “ Guerra del Agua”, que culminó con la retirada de la empresa, y provocó la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Losada.

En la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, sede, entre otras, de la poderosa transnacional de las comunicaciones CNN, Suez fue expulsada luego de incumplir el pliego de condiciones por el cual se le otorgó la privatización del servicio, que volvió, como en Grenoble, a la égida del gobierno municipal.

Distintos analistas internacionales afirman que la gestión de los recursos hídricos será un tema estratégico de nuestros siglo. América Latina posee el 47 por ciento de las reservas de agua dulce del mundo, lo cual explica la presencia Suez, la compañía multinacional más poderosa del rubro, en varios países de América latina como la propia Argentina, Perú y Chile, o el interés declarado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el Acuífero Guaraní y en los recursos hídricos de México.

Y atención con los intereses de Estados Unidos. Un informe publicado por la agencia Visiones Alternativas revela que en Guayaquil no se puede tomar agua «potable» porque está totalmente contaminada; con coliformes fecales (kk), nada menos. En Bagdad no se puede beber porque está mezclada con lágrimas y sangre, si es que todavía encuentras agua. En Nueva Orleans no la puedes tomar, pues se halla enturbiada con una mezcla de lodo, llanto y humores descompuestos de cadáveres.

Las tres ciudades forman un triángulo de agua podrida, signo de abandono, enfermedad y muerte.

Y las tres ostentan como símbolo del mal una misma marca: Bechtel, multinacional de origen norteamericano, que ejecuta 1.500 proyectos en 140 países y factura anualmente 15 mil millones de dólares.

En el caso de Guayaquil, el mismo informe sostiene que nos encontramos con la protesta diaria de numerosos barrios, los cuales se quejan de la calidad del líquido, que si les llega, les llega con olores apestosos y les produce inmediatamente malestares, que afectan especialmente a los niños. Los incontables casos de hepatitis registrados últimamente en las escuelas primarias se atribuyen a la calidad del líquido. Esto pese a que la compañía Interagua publicita las bondades de sus servicios con costosa propaganda, revela, Visiones Alternativas.

Pero la realidad es terca y se muestra a diario con numerosas evidencias, por más que las autoridades locales y nacionales pretendan tapar el sol con un dedo, en defensa de la compañía. Así, tenemos que la CCCC (Comisión Cívica de Control de la Corrupción) acaba de determinar que «las personas que habitan en Guayaquil consumen agua que no es apta para el consumo humano». Esta declaración aparece en diario ecuatoriano El Universo, edición del 1º de octubre, como la recogen también otros medios.

Los guayaquileños que sufren esta amarga y maloliente sequía deben conocer algo que siempre se procura ocultar, añade el informe consultado, Interagua es una mera subsidiaria de Internacional Water Service, que a la vez resulta ser una simple pantalla de la todopoderosa Bechtel.

Es tan fuerte el sello colonial de Interagua que el Municipio de Guayaquil y el propio gobierno ecuatoriano, representados por ECAPAG, el organismo estatal encargado de supervisar la gestión del contratista, debieron concurrir a la sede del BID, el 11 de abril del 2001, en Washington, para firmar el contrato que entregó el manejo del agua potable de en Guayaquil al gigantesco monopolio. El pretexto era el de siempre: que la empresa privada es más eficiente que el Estado, y mucho mejor administrador.

La misma fuente informa que, en el caso de Bagdad, una vez que la aviación norteamericana se encargó de destruir sus sistemas de agua potable mediante bárbaros bombardeos, todo favorecido por el gobierno de George W. Bush, la favorecida fue Bechtel, a la que se le otorgó un fabuloso contrato de un mil ochocientos millones de dólares para reconstruir los sistemas de agua potable de Bagdad, a través de USAID, en enero del 2004.

Igualmente, en el caso de Nueva Orleans y las zonas devastadas por el huracán Katrina, apelando a leyes de emergencia, Bush acaba de contratar a la Bechtel para reconstruir los sistemas de agua potable y a la Halliburton para proporcionar diversos servicios a la población damnificada.

El informe difundido por Visiones Alternativas da un ejemplo más. La ciudad boliviana de Cochabamba, donde en años recientes se asentó la Bechtel bajo el membrete de Aguas del Tunari, mediante la concesión para manejar el agua potable.

Incumplió con el contrato en todo lo que podía ser favorable a la comunidad, como el mejoramiento de la calidad del agua y la extensión de redes a los barrios populares; en cambio, triplicó el valor de las tarifas y estableció el cobro de valores ilegales. Como burla a la pobreza de los cochabambinos, que a duras penas llenan media canasta familiar, impuso un planillaje de 50 o 60 dólares mensuales

Entonces, destaca esa fuente, vino la protesta popular, hubo muertos, heridos, presos; se desató la llamada «Guerra del Agua», y Bechtel tuvo que largarse de Bolivia, eso sí demandando al Estado boliviano en 25 millones de dólares «por daños y perjuicios», al amparo de la ley de protección a las inversiones extranjeras.

En contrapartida, distintas organizaciones de la sociedad civil internacional, y gobiernos locales, se reunieron el 10 de diciembre de 2005 - con motivo de celebrar el 55 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos - y firmaron la Declaración de Roma, que entre sus puntos fundamentales considera el acceso al agua como un derecho humano, y a la misma como un bien social, susceptible de control público, y no un bien de consumo y comercialización.

Precisamente fue Danielle Mitterand, una ferviente impulsora de estos principios, la que planteo al gobierno argentino suscribir esa declaración. Y pregonó el retorno a la gestión pública municipal del servicio de agua potable, aguas servidas y cloacas, ya que la experiencia internacional ha demostrado que es el único que funciona eficazmente para la mayoría de la población.

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