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APAS | Agencia Periodística de América del Sur | Dominicanas obligadas a prostituirse: Argentina: país de destino y tránsito
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| Ciudad de La Plata, Argentina
Derechos Humanos
Dominicanas obligadas a prostituirse
Argentina: país de destino y tránsito
En el sur argentino se desbarató una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres. El consulado dominicano tomó cartas en el asunto.
Por la Redacción de APM |
22|01|2006
Tras las denuncias de familiares sobre el paradero de jóvenes desaparecidas que se habían trasladado desde la República Dominicana a la Patagonia (sur argentino) con el fin de trabajar, se inició hace un año atrás una investigación al respecto. Las mujeres viajaron luego de recibir en el país promesas de buenos empleos. Después de varios meses de investigación, fue descubierta esta red dedicada a la prostitución "con mujeres prácticamente sometidas a condiciones de esclavitud", según afirmaron fuentes policiales.

Se supo a través de los medios de comunicación que 30 mujeres, en su mayoría procedentes de República Dominicana, fueron rescatadas por la policía de burdeles patagónicos, donde fueron obligadas a prostituirse, además de encontrarlas viviendo en condiciones poco hospitalarias. En la actuación policial se detuvo a dos hombres, propietarios de locales nocturnos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, provincias de Chubut y Santa Cruz (Argentina) respectivamente.

Por su parte, el canciller dominicano Carlos Morales, instruyó a su embajada en Argentina para que se investigue la situación de este grupo de connacionales que fueron obligadas a ejercer la prostitución en burdeles de la Patagonia. En tal sentido, Diana Cambiaso, Ministra Consejera encargada del Consulado dominicano en Argentina, se puso en contacto con las autoridades pertinentes a fin de constatar los hechos y actuar en consecuencia.

En otro orden, el representante regional de la Organización Internacional de Migraciones para el Cono Sur, Eugenio Ambrossi, afirmó que Argentina dejó de ser un país de destino del tráfico ilegal de personas después de la crisis de 2001, a pesar que se afirme lo contrario, y expresó que “puede ser que ahora las mujeres vengan de países limítrofes y no tanto de América Central, pero seguimos siendo prevalentemente un país de destino y de tránsito hacia Europa”. Cabe acotar que Eugenio Ambrossi es un italiano que viene de residir en Europa y Africa en cargos vinculados a la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y a programas humanitarios. Se encuentra a cargo de la oficina regional para el Cono Sur de América Latina de la OIM que abarca a Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, y por su trayectoria se convirtió en uno de los referentes principales sobre el tema.

La organización que representa tiene datos concretos, luego de entrevistar a 500 mujeres, por lo que afirma que “sabemos que el 52 por ciento viene a Argentina y el 25 por ciento a España (algunas vía Argentina y otras por Brasil); y el 33 por ciento de las tratadas son menores. De las que vienen a Argentina, un 80 por ciento se distribuyen entre la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y La Plata, en gran medida porque la mayoría llegan en verano y son reclutadas directamente para los municipios de la costa”. Sin embargo, agregó que “las dominicanas, por ejemplo, siguen viniendo. Y en cuanto a la trata interna, si bien parece un fenómeno más reciente, no lo es. Lo que sucede es que la trata internacional es más visible ante la opinión pública. Pero también sucede que cuando hablamos de trata a nivel internacional se mezclan aspectos culturales, porque no en todos lados está vista la prostitución como algo criminal”.

Bien sabido es que la explotación sexual se ha convertido en “un gran negocio”, y el funcionario de la OIM denuncia que “hay hechos delictivos más violentos que son recientes, y esto tiene que ver con la resistencia misma del negocio ante la ofensiva gubernamental y no gubernamental, y también con acciones de amedrentamiento hacia las víctimas, para que quienes huyen de estas redes no hagan denuncias”. En relación a las responsabilidades que le caben a los estados, Ambrossi declara que “por esto nosotros recalcamos la importancia de que en cada país haya un programa de asistencia a las víctimas y un programa de protección de testigos, porque es la única manera de salvarlas cuando dejan estas redes. Tienen que tener seguridad porque seguro habrá una reacción contra ellas”.

A pesar de que Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas (ONU) en el 2002, aún no se sancionó una ley nacional que tipifique el delito de trata ni de tráfico, y además tampoco existe un programa de atención a las víctimas. En tal sentido, la oficina del Cono Sur de la OIM creó en Argentina el Programa para el Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas en la Argentina (FOINTRA). Dicho programa se encarga de la capacitación de personas para la asistencia y detección de víctimas de trata y tratantes, y además promueve la sanción de legislación específica sobre el tema.

Pero el escándalo político en Chubut está desatado y se teme que existan funcionarios del municipio de Comodoro Rivadavia presuntamente implicados en los hechos. La policía judicial de Chubut allanó una veintena de casas particulares y locales nocturnos, además de oficinas de las subsecretarías de Gobierno y de Salud del municipio comodorense, movimientos que fueron realizados por orden del juez de Feria Emilio Porras Hernández. En un principio, la investigación se llevó a cabo a raíz de que sacerdotes locales denunciaran que familias del norte de Argentina pedían saber sobre el paradero de jóvenes mujeres que habían partido a la Patagonia, con trabajo asegurado, pero después no tenían más noticias sobre ellas. A estas denuncias, se sumaron las de la República Dominicana.

Después del escandaloso suceso, el ministro de Gobierno del Chubut, Máximo Pérez Catán, el de Familia y Promoción Social, Adrián López, y el jefe de la Policía Provincial, Comisario (retirado) Juan Ale, hicieron declaraciones a la prensa para referirse al acontecimiento. "Hemos venido a poner de manifiesto los servicios de protección de Derechos que dependen del ministerio de la Familia, y en este caso específico, a dar protección a estas mujeres que han sido explotadas en este comercio", dijo López, y develó que entre las mujeres rescatadas "hay tres menores de 17, 19 y 20 años de edad, provenientes el norte del país. Dos están indocumentadas y son de Salta y Jujuy".

Por su parte, Pérez Catán señaló que "venimos a ratificar acá el compromiso del gobierno de la Provincia, de ir desarmando todas estas matrices mafiosas que existen en distintas actividades", y agregó que "en estos hechos y no hay que ser ingenuos, existen sectores del poder comprometidos. O la vista gorda de la justicia, de la policía, del gobierno provincial o municipal. Siempre hay algún estamento involucrado en no ejercitar un debido control". En relación a los funcionarios que estarían involucrados el funcionario sostuvo que "es una situación desgraciada que tengamos funcionarios de cualquier estamento o nivel, que por acción u omisión, colaboren con estas actividades. Para todos es un llamado a la reflexión".

En otro orden, el juez de la causa dispuso el secreto de sumario, pero a la vez se efectúan presunciones sobre los dos funcionarios del municipio que están comprometidos en el hecho delictivo. Se conjetura sobre si están sospechados de tráfico de influencias o si forman parte de una red de trata de blancas. En este sentido, las autoridades comunales no se mostraron proclives a admitir esta posibilidad.



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