Lo que tenía que pasar, pasó. No hubo acuerdo entre los representantes del MERCOSUR y la Unión Europea (UE) para la concreción de un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques comerciales, que hubiese englobado a unos 456 millones de consumidores. Sin embargo, los encargados de acercar posiciones sostienen que ello no significa el abandono de las negociaciones.

Los representantes comerciales y políticos tenían como fecha límite el 31 del corriente para rubricar el tratado, que no sólo incluía cláusulas comerciales, sino además una asociación política y un convenio sobre fondos de cooperación.

El miércoles 20 de octubre se realizó el último intento por acercar posiciones en Lisboa, Portugal. Pero era un secreto a voces que lo único en limpio que de allí se obtendría no sería más que una declaración de buenos propósitos sobre la “intención” de continuar trabajando en estrecha colaboración.

La fecha del 31 fue estipulada con motivo del recambio de las autoridades de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo que lleva adelante la negociación por parte del la UE.

Hasta última hora del miércoles pasado, se buscó demostrar que este “percance” no puede igualárselo al congelamiento de las deliberaciones por la concreción del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que también debía firmarse durante 2004, para entrar en vigencia en enero próximo.

Esa iniciativa pasó de un intento de acuerdo continental a una sumatoria de tratados bilaterales entre Estados Unidos y distintas naciones latinoamericanas. Tanto el comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, como los representantes sudamericanos intentaron destacar que la búsqueda de un acuerdo entre el MERCOSUR y la UE sí permanece en pie.

Lamy había advertido antes del encuentro en la capital lusitana que el atractivo de China para las exportaciones del MERCOSUR "desequilibra un poco los equilibrios políticos" del bloque sudamericano con la UE. No obstante, en un comunicado final las partes "reiteraron la prioridad que tiene la estratégica relación entre ambas regiones".

Antes de fin de año habrá una reunión técnica y en el primer trimestre de 2005 otra vez se encontrarán los ministros de Relaciones Exteriores. A último momento, Brasil reconoció que puede liberalizar más el sector de seguros, y la UE que no está empecinada en administrar las cuotas para productos sensibles, como la carne.

En otro ámbito, el Senado argentino sancionó la ley que crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). De esta forma, la administración del presidente Néstor Kirchner podrá intervenir nuevamente en el mercado de hidrocarburos en forma directa, por primera vez desde la privatización de YPF, a mediados de la década del ´90.

ENARSA es la primera compañía pública que se crea desde cero desde 1967, y nace con fuertes objeciones de un sector de la oposición, porque su establecimiento abre la posibilidad de que se privaticen la exploración y la explotación de la plataforma submarina y de nuevas cuencas gasíferas.

Según la normativa que ahora tiene fuerza de ley, un 53 por ciento de la propiedad de ENARSA quedará en manos del Estado federal, el 12 por ciento se distribuirá entre todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires (0,5 por ciento por cada distrito) y el 35 por ciento restante estará abierto al capital privado.

La compañía no sólo estará habilitada para intervenir en el mercado de bienes energéticos, sino que también lo podrá hacer a lo largo de toda la cadena productiva de hidrocarburos, que incluye, además del petróleo, al gas y otros combustibles.

Según las modificaciones introducidas previamente en la Cámara de Diputados, el Estado estará obligado a retener el control de la empresa y deberá someter la compañía al control de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

La oposición cuestionó algunos aspectos de la ley, al sostener que con la normativa original podrían privatizarse ” las plataformas submarinas y las futuras cuencas gasíferas.

ENARSA ya cuenta con parte de su directorio. El actual secretario de Energía de la patagónica provincia de Chubut, Ezequiel Espinosa, será titular de la firma. El economista Aldo Ferrer y el ejecutivo Luis Corsiglia tienen un lugar asegurado en la dirección.

Por otra parte, continúan los esfuerzos argentinos por salir del "default" (cesación de pagos). El secretario de Finanzas argentino, Guillermo Nielsen, anunció en Londres que "el Bank of New York será la entidad que concentrará las operaciones de intercambio de los bonos viejos por los nuevos, durante el canje de la deuda”.

Además, el gobierno decidió que para lograr la aceptación de los acreedores más duros del exterior será necesaria una fina estrategia de "marketing". Con ese objetivo en mente, la semana que viene se conocerá el nombre de la empresa "cazabonistas" que será contratada por el ministerio de Economía.

Los funcionarios argentinos mantuvieron intensas reuniones con los tres bancos organizadores (Merrill Lynch, UBS Warburg y Barclays) y los representantes de las agencias de "clearing" que van a participar del canje (EuroClear, ClearStream, DTC y la Caja de Valores). En ellas se decidió que el Bank of New York será la entidad que actuará como agente de cambio del canje ("exchange agent", en la jerga financiera).

La función de la entidad estadounidense será la de procesar todas las órdenes que lleguen desde las agencias de "clearing" distribuidas alrededor del mundo, vinculadas al cambio de los bonos en "default" por los nuevos títulos.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) retomó la presión sobre el caso argentino, tras varias semanas de silencio.

A pesar del acuerdo alcanzado con los inversores institucionales locales, que asegurarían al gobierno un piso de adhesión de 45 por ciento, según fuentes oficiales, el Fondo no emitió ninguna señal de aval sino que, por el contrario, recordó que las negociaciones con el gobierno se retomarán una vez que Argentina haya salido del "default".

No obstante, el secretario Nielsen ratificó que no habrá mejoras para los bonistas del exterior, como reclaman los países del G-7 (las siete naciones más industrializadas). Particularmente Italia, Alemania y Japón, exigen una mayor flexibilidad en las condiciones para la reestructuración de la deuda.

Los bancos de inversión de Wall Street creen que las condiciones externas permiten garantizar que la oferta argentina de renegociación de la deuda no fracasará, pero aclaran que el gobierno debe formular una leve mejora adicional para lograr un éxito tal que no genere duda alguna entre los grandes inversores internacionales.

Las señales de mayor flexibilidad brindadas por el gobierno en los últimos meses y la baja en las tasas internacionales de interés se han combinado para que los analistas de Wall Street piensen que “hay pocas posibilidades” de que la salida del "default" fracase.

Los gurúes de Manhattan afirman que, al estar asegurado un piso de aceptación local del 40 por ciento, más lo que el gobierno logre con el "road show" planeado en el exterior, la aceptación general de los acreedores podría extenderse al menos hasta el 50 o el 60 por ciento.

Pero debido al cambio producido en las condiciones externas, las exigencias del mercado son mayores y un 60 por ciento de adhesiones ya no sería considerado un éxito. Ahora esperan un 80 o un 90 por ciento para que el FMI no cuestione el acuerdo. Como siempre, las presiones van en aumento.

El embajador argentino ante la Unión Europea (UE), Jorge Remes Lenicov, relativizó la posibilidad de que los bonistas europeos presenten obtengan el respaldo de sus respectivos gobiernos para endurecer sus posiciones frente a la propuesta argentina.

"Varios bonistas plantean que, en su momento, los bancos colocadores de títulos no les informaron sobre las condiciones reales del país y que, en cambio, aseguraban que una tasa del 15 por ciento era más que atractiva, además de resaltarles el apoyo que el FMI y el Banco Mundial (BM) le brindaban a Argentina", dijo el representante de Buenos Aires ante la UE.

El gobierno de Argentina acaba de recibir una buena noticia: un juez civil de Roma rechazó esta semana el embargo contra este país, solicitado por un grupo de 465 acreedores liderados por el abogado Mauro Sandri, del Comitato Creditori Argentina.

Es la sexta decisión judicial italiana que se emite en favor de Argentina, al considerar que el incumplimiento del pago tuvo su origen en razones de emergencia pública, por medio de actos soberanos de un Estado extranjero, no juzgables en Italia.

Para culminar una semana feliz, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, recibió el apoyo de Francia en el proceso de reestructuración de la deuda. En ese sentido se manifestó el embajador de París en Buenos Aires, Francis Lott.

"El embajador de Francia resaltó el apoyo de su país a la Argentina en el marco de la negociación por el acuerdo con el FMI. Es elogiable el esfuerzo realizado por el gobierno para retomar la senda del crecimiento y su reinserción en la comunidad financiera internacional”, sostuvo el comunicado diplomático.

El camino hacia la salida del "default" avanza a pesar de los lobbys y y de los lobbystas. Las múltiples declaraciones que recoge la prensa internacional parecen indicar que los tenedores de bonos se encaminan a aceptar la propuesta presentada por la Argentina en Dubai.