La defensa de los represores acusados por crímenes de lesa humanidad en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes pidió la nulidad del juicio durante la segunda jornada de audiencias en el Tribunal Federal, con asiento en esta provincia. Por su parte, la querella y la fiscalía recordaron la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos e hicieron hincapié en "el plan sistemático que se llevó adelante en todo el país". El Tribunal resolverá el planteo el próximo martes.

Entre los imputados en la causa popularmente conocida como "RI9", se encuentra el ex jefe del Ejército durante la pasada dictadura, Cristino Nicolaides, aunque su situación sería tratada en un "proceso especial", debido a su estado de salud.

Los que en cambio sí comparecen desde el pasado martes al juicio oral y público son el capitán (R ) Juan Carlos Demarchi, jefe de Inteligencia del Área Militar 231; los coroneles Horacio Losito y Jorge Barreiro, quienes se encontraban en actividad al momento de ser detenidos, además del gendarme Roberto Reynoso y del sub-oficial del Ejército (R ) Juan Carlos Piriz.

Se trata de algunos de los involucrados en el secuestro, tortura y desaparición de los militantes Rómulo Artieda y Juan Ramón Vargas –cuyas familias son querellantes en la causa- , además de otros jóvenes que fueron vistos con vida por última vez en el Regimiento "Coronel Pagola".

Basados en argumentos tales como la prolongación de los plazos desde el momento en que ocurrieron los crímenes, una "imprecisión" acusatoria y la utilización de "pruebas innecesarias", los abogados Eduardo San Emeterio, Jorge Buompadre, Martín Gesino y Gonzalo Molina (defensores oficiales) y Victor Ross (patrocinante de la Gendarmería) pidieron la nulidad de la elevación a juicio en una causa cuya etapa de instrucción llevó cuatro años.

Corría el segundo día de audiencias en la Cámara Federal, en el marco de la primera causa del país en la que se investigó el funcionamiento de un centro clandestino de detención durante la última dictadura. A diferencia del primer día, los ánimos dentro y fuera de la sala se habían aquietado.

Casualmente, pero como si obedecieran a un implícito mandato histórico, los familiares y amigos de los represores se ubicaron a la derecha de la sala de audiencias. Mientras que el grupo de ex detenidos y familiares de las víctimas, volvió al ala izquierda del recinto, tal como el día anterior.

El primero en hablar fue Buompadre, representante de Barreiro y Demarchi. El abogado, quien es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), estrenó antes de la instancia oral la defensa pública de los represores.

Fue en los días previos al inicios del juicio, cuando salió al cruce de la puesta en marcha del programa de protección de testigos dispuesto por la Nación para garantizar el proceso.

"No hay una descripción clara, precisa y circunstancial de los hechos", argumentó Buompadre sobre un expediente basado en relatos que describen sesiones de tortura con pormenores escalofriantes.

Por otro lado, el abogado y académico pidió el sobreseimiento para Barreiro, con el argumento de la "prescripción penal" en la muerte de Artieda. Sin embargo, pasaba por alto la condición imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, categoría consagrada por el Derecho Internacional.

San Emeterio, quien antes de presentarse al juicio anunció que viajaba a la provincia "a librar una batalla en defensa de héroes", objetó la citación como testigos del coronel (R ) Horacio Pantaleón Ballester, integrante del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA) y de la periodista francesa Marie Monique Robert, autora de un documental sobre el modus operandi de la dictadura, así como también de Miguel Nievas y Patricia Bernal, los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que participaron en el reconocimiento de los restos de Artieda. Para el abogado se trata de personas "ajenas a este procedimiento" y que aportarán "pruebas innecesarias".

El defensor oficial, por su parte, prefirió explotar lo que se consideran ciertas "indefiniciones en la causa". "Si no sabemos de que están acusados nuestros defendidos, no podemos elaborar una estrategia de defensa". El resto de los abogados presentó argumentos similares, incluso Ross, quien intentó desligar a su defendido Reynoso como integrante de un grupo de tareas.

Al día siguiente, llegó el turno de la réplica de la fiscalía y la querella. El primero en hablar fue Jorge Auat, a cargo del Ministerio Público Fiscal Nacional de Seguimiento de Juicios por Violaciones de los Derechos Humanos.

El funcionario puso énfasis en la imposibilidad de discutir "a esta altura de la historia sobre la existencia en delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco de un plan sistemático en todo el país". Recordó además que las nulidades señaladas por la defensa ya habían sido planteadas, por lo que "no se puede volver para atrás como un círculo sin retorno en el desenvolvimiento del proceso".

Por su parte, Ramón Leguizamón, representante en la querella por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y por los familiares de las víctimas, también enfatizó en la categorización de los hechos como "crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles".

En el mismo sentido se refirió el representante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Daniel Domínguez Henaín, quien recordó que "a partir del Tribunal de Nuremberg los crímenes de lesa humanidad ya han sido considerados imprescriptibles".

Finalmente, Mario Bosh, otro de los querellantes, se refirió a crudos relatos que constan en la causa para aseverar: "¿Cómo que no ha sido especificado de qué se los acusa?".

Luego de un cuarto intermedio de tres días, el tribunal responderá el próximo martes sobre el planteo de nulidad y por ende, sobre la continuidad del juicio.

Seis militares y un gendarme son los ocupan el banquillo de los acusados. Algunos de los imputados se desempeñaban como empresarios, dirigentes de la Sociedad Rural (poderosa cámara empresarial) y diplomáticos. Se trata del primer proceso de este tipo en el que se engloba el funcionamiento de un centro clandestino de detención.

La apertura del juicio a los represores que se desempeñaron en el Regimiento 9 de la ciudad de Corrientes, en el corazón del Litoral argentino, fue un hecho histórico. Por un lado implica un paso más en la búsqueda de verdad sobre el genocidio perpetrado por la última dictadura militar en Argentina. Pero también, conlleva la oportunidad de que una provincia como Corrientes, acostumbrada a las deudas en materia de derechos humanos, vaya curando lentamente las heridas aún abiertas por una larga tradición de impunidad.

Algunos ejemplos de esa impunidad son la muerte del estudiante Juan José Cabral en mayo de 1969, el asesinato de dos personas a manos de la Gendarmería treinta años después, durante la pueblada de 1999–cuando el entonces ministro del Interior, Federico Storani, estrenaba su cargo-; ó los numerosos casos de desaparición forzada de personas durante el genocida régimen de Jorge Rafael Videla. Ello sin contar las decenas de personas que conforman la nómina de muertos a manos de la policía en los últimos años. La lista podría ser interminable, aunque muchos de esos hechos hayan pasado casi desapercibidos para una buena parte de esta sociedad.

Puede decirse entonces que el martes 5 de febrero, Corrientes dio un paso importante en el camino de la justicia. Lo que en la perspectiva de semejante historial no es demasiado. Ni tan poco.

El debate oral iniciado la semana pasada es el último peldaño de la búsqueda de una sentencia efectiva para un grupo de seis represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en esta provincia. Pero el proceso tiene una historia, que comenzó nada menos que treinta años atrás con el reclamo de las organizaciones de Derechos Humanos.

En agosto de 2003, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Congreso Nacional, permitió la apertura y reapertura de un gran número de causas por crímenes de la dictadura a lo largo de todo el país.

Corrientes no fue la excepción. Así, en noviembre de 2003, la familia de Vicente "Cacho" Ayala presentó ante el Juzgado Federal el pedido de reapertura de la causa por su desaparición, en febrero de 1976, junto a sus compañeros Julio Barosi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Diego Romero.

Posteriormente, el 24 de marzo de 2004, aniversario del nefasto día en que la Junta Militar tomó el poder, los familiares de Rómulo Gregorio Artieda presentaron una querella criminal por su desaparición, en virtud de las sobradas pruebas que demostraban su paso por el Regimiento 9.

Su secuestro y posterior desaparición fue uno de los tantos casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y torturas de todo tipo, cometidas en el centro clandestino que funcionó en esa dependencia militar.

En el esquema del terror diseñado por la ddictadura, Corrientes se encontraba en el ámbito de acción de la zona 2, cuyo mando residía en el Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario, subzona 23, a cargo de la VII Brigada de Infantería al mando de Cristino Nicolaides.

Debido al importante número de pruebas documentales y testimoniales recolectadas durante la etapa de la investigación, el caso Artieda devino en una "megacausa", en la que, por primera vez en el país, se investiga el funcionamiento de un centro clandestino de detención, y se juzgará el papel de los represores imputados como integrantes de una asociación ilícita. A la vez, durante la etapa de instrucción, se incorporaron a la querella los familiares de Ramón Vargas, quien fue visto con vida en el Regimiento 9 "Coronel Pagola", antes de su desaparición.

A casi cuatro años de la presentación de la querella criminal por parte de la familia Artieda, el juicio por la causa denominada, "Demarchi, Juan y otros por tormentos agravados por el tiempo, privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo y desaparición forzada (Expte. N° 276/04)”, entró en su etapa final.

En un principio, los represores acusados llegaron a ser 12, aunque el largo proceso de instrucción concluyó con la imputación definitiva de 6 de ellos. El caso más importante, dado el rango que alcanzó en su siniestra carrera, es el de Cristino Nicolaides.

Radicado en la provincia de Córdoba, en el centro del país, este nefasto personaje es recordado por haber sido comandante en jefe del de Ejército Argentino, entre junio de 1982 y diciembre de 1983, período en el cual integró la última junta militar de la dictadura, con la presidencia del general Reynaldo Bignone.

En la actualidad, Nicolaides permanece internado en terapia intensiva en un hospital cordobés, con un grave cuadro de Alzehimer, según el parte médico que lo excusó de participar del debate oral. Por esta razón, el ex jefe del Ejercito tendrá un "proceso especial", cuando sus condiciones de salud lo permitan.

El caso del capitán (R) del Ejército Argentino, Carlos Demarchi, es uno de los más trascendentes para la sociedad correntina. Luego de su paso por las filas castrenses, Demarchi se dedicó a la actividad ganadera, llegando a ser presidente de la Sociedad Rural de Corrientes. En estos días, además de reconocido empresario de la ciudad, forma parte de la Sociedad Rural Argentina, plataforma de presión de las clases altas y acomodadas del país.

En la causa figura como uno de los jefes de la asociación ilícita y es señalado por la mayoría de los testigos como el encargado de encabezar las sesiones de picana eléctrica a los detenidos. Además, varias de sus víctimas lo reconocieron como responsable de otros abusos y vejaciones.

Otro de los acusados, el oficial de Gendarmería Roberto Reynoso, tras su paso por el RI9, intentó acomodarse a los derechos y deberes de la vida en democracia. Hace unos años se postuló a la intendencia de Oran, en la provincia de Salta, donde actualmente reside.

Por su parte, el coronel Horacio Losito fue condecorado por su actuación en la guerra de Malvinas. Por sus “proezas” en combate, Losito fue agregado militar de la embajada argentina en Italia, hasta ser detenido. A su vez, otro de los coroneles imputados, Rafael Manuel Barreiro, se encontraba en servicio como jefe del Regimiento de Monte Caseros (Corrientes) de esta provincia hasta el momento de su detención.

El último de los represores que desde esta semana se sentaron en el banquillo de los acusados es el suboficial del Ejército Carlos Piriz. Vecino del barrio Santa Rosa de la capital correntina.

Conocido por el apodo "Nicolino Loche", debido a su afición al boxeo, es el personaje con perfil más bajo entre los imputados. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida en las audiencias, ya que su esposa, demostrando que los modos de operar de los años de terror aún tienen vigencia por estas tierras, amenazó a uno de los testigos durante la desconcentración de la audiencia del jueves pasado. "Vas a pagar por esto que estás haciendo", le gritó la desencajada mujer a José "Chengo" Almirón, exiliado hoy en Alemania.

Transcurrieron ya las primeras jornadas de este juicio y todo parece indicar que la verdad y la justicia avanzan a paso lento pero inexorable.