Transcurrieron ya diez audiencias del juicio conocido como "ex RI9", en el que se investiga la participación de cuatro ex militares y un ex gendarme en el centro clandestino de detención que funcionara en el Regimiento 9 de Infantería de Corrientes, entre 1975 y 1983.

Los testimonios escuchados en la sala del Tribunal Oral Federal Nº 5 de Corrientes, echan algo de luz -aún son muchas las responsabilidades que restan por investigarse- sobre lo que hace más de treinta años viene escurriéndose en sombras, rostros difusos y silencios cómplices.

Otto Eliseo Manzolillo es un médico de 89 años que se desempeñaba en la Policía de Empedrado –localidad distante a 50 kilómetros de la Capital provincial- durante los años `70. Su testimonio había sido fundamental para el reconocimiento de los restos de Rómulo Artieda, cuyo cadáver apareció flotando en ese tramo del río Paraná entre 1976 y 1977.

Otros dos cuerpos aparecieron en el lugar durante la misma época, según el testimonio del médico. Hasta el momento, Artieda es el único desaparecido de la provincia cuyos restos fueron reconocidos, en 2006, mediante el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF). Se cree que después de haber aparecido en el río, los tres cadáveres fueron enterrados como NN en un cementerio de la zona.

Manzolillo precisó que en noviembre del `76 se produjo el primer hallazgo macabro. "Lo recuerdo perfectamente porque fue muy impactante ver un cuerpo en descomposición, totalmente desnudo, que tenía tres impactos de bala, con todo el abdomen abierto y las yemas de los dedos arrancadas", relató el profesional.

Asimismo, indicó que en similares condiciones aparecieron otros dos cuerpos en julio de 1977. En este caso, aclaró se infirió que se trataba de hombres de entre 20 y 30 años y que presumiblemente habrían muerto por enfriamiento, "lo que hace suponer que pudieron haber sido arrojados vivos al agua", detalló.

Por su parte, Cornelio Eliseo Agterberg, quien se declaró amigo de Demarchi antes de empezar a testimoniar, se refirió a las tareas agropecuarias del capitán que llegó a ser presidente de la Sociedad Rural de Corrientes.

Dijo que, en julio de 1976, el militar se hizo cargo del establecimiento "Santa Rosalía", perteneciente a la familia de su mujer, Hortensia Millán. "En 1977 comenzó a plantar sorgo", agregó, aunque después el fiscal le señaló una contradicción con un testimonio anterior, donde decía que era 1976 cuando Demarchi se volcó a esta actividad productiva.

Rogelio Tomasella, dirigente campesino que militaba en las Ligas Agrarias –histórico movimiento rural en defensa de los pequeños productores - fue otro de los testigos presentados por la querella.

Relató que fue detenido en la ciudad de Corrientes en los primeros días de septiembre de 1976 y que fue trasladado a varios centros, tanto de esta provincia como de Chaco y Buenos Aires.

Tomasella dijo que durante su cautiverio se encontró con algunas personas que hoy se encuentran desaparecidas, como Abel Arce, también integrante de las Ligas Agrarias, y quien desapareció mientras realizaba el servicio militar en el Regimiento de Infantería Número 7 de la ciudad de Goya –ubicada al sur de la provincia-.

Ni siquiera los testigos propuestos por la defensa de los acusados pudieron negar la presencia del Capitán Juan Carlos Demarchi en el regimiento después de su "retiro" y la existencia de un lugar donde se alojaron los detenidos, "de acceso absolutamente restringido". Por el contrario, confirmaron las certezas, que hasta aquí habían surgido de los relatos de los sobrevivientes del horror.

Entre los primeros testigos de la defensa se presentaron Lucindo Sebastián Reyes, Víctor Manuel Pérez y Julián Pruyas, quienes revistaron en el ex Regimiento de Infantería 9 durante buena parte de los años de plomo. Reyes el primero en sentarse frente a los jueces.

Vecino de esta ciudad, el ex soldado de la compañía de Comando de Servicios del regimiento, dijo haber conocido a Demarchi –señalado como el responsable de los operativos de secuestro-, cuando éste lideraba aquella compañía, antes de pasar al área de Inteligencia.

"Después de haber pasado a esa área –dijo el testigo- tengo entendido que el capitán Demarchi pidió la baja de la fuerza". "No obstante –continuó Reyes- se lo veía por el regimiento después de esa fecha, vestido de civil; pero calculo que iría para terminar los trámites necesarios para desvincularse definitivamente del ejército".

En su declaración indagatoria, durante la etapa de instrucción de la causa, Demarchi había declarado que una vez obtenida la baja de las filas castrenses, se había dedicado por entero a la actividad ganadera y no tuvo más contacto con las filas castrenses.

En cuanto a los otros acusados, los coroneles Losito y Barreiro y el ex sub-oficial Píriz, Reyes dijo haberlos "conocido porque formaban parte del Regimiento". "Del primero –comentó- recuerdo que pasó a trabajar a la Legislatura, luego fue a un curso o comisión, y después volvió para incorporarse a Inteligencia".

El testimonio de Víctor Manuel Pérez, por aquellos años mecánico del Regimiento 9, fue un tanto más escueto. Con 70 años a cuestas por estos días, no pudo superar la dificultad para recordar las fechas con precisión: "Conozco a Demarchi porque era jefe de la compañía a la que yo pertenecí, antes de pasar a Inteligencia", dijo. "Pero él solcitó la baja- continuó- en el 65 o 66". Ante esta evidente confusión, la defensa de los represores encabezada por el vice-decano de la Facultad de Derecho de la UNNE, Jorge Buompadre, concluyó el interrogatorio. Sin embargo, Reyes alcanzó a recordar que "había en el regimiento un lugar con personas detenidas, pero era un área restringida".

Esta idea fue sostenida por Julián Pruyas. El ex militar, de vasta trayectoria en el RI9, recordó que para los detenidos se creó la "Sección Destino, que dependía del Comando de Brigada, a cargo del ex General Cristino Nicolaides". Sin embargo, explicó que nunca vio a los cautivos "porque las puertas y ventanas de la cuadra donde estaban alojados tenía las puertas y ventanas permanentemente cerradas". "Nunca escuché gritos o señales de lamentos provenientes de lugar de detención", contó Pruyas aunque aclaró que su lugar de trabajo se encontraba a unos 30 metros de distancia".

Para finalizar, el testigo sostuvo que "sabía que Demarchi andaba, de vez en cuando por el regimiento. "Aunque personalmente no lo vi – dijo- era sabido que el capitán visitaba la dependencia en repetidas ocasiones".

Por otra parte, en los últimos días también declararon los testigos propuestos por la querella, Marta Herrero de Trayner y Jorge Trayner, quienes eran novios al momento de ser secuestrados y se casaron en 1978 mientras él continuaba detenido en el ex Regimiento 9.

Ambos fueron "chupados" con un día de diferencia, a principios de septiembre de 1976. Él, mientras se encontraba en la casa de su novia y ella cuando volvía de un viaje desde Asunción del Paraguay. Lo que siguió a esa experiencia, según el relato pormenorizado que ambos brindaron al Tribunal, fueron momentos terribles, sobre todo para él, quien sufrió las mayores torturas y vejámenes en su paso por el RI9.

En diferentes momentos, ambos pasaron por la Jefatura de Policía y la sede de Gendarmería, además del Regimiento durante el tiempo que logró su cautiverio.

Los testimonios mencionaron, al igual que el de otros testigos, como se conformaba la "cuadra" del RI9 donde eran alojados los detenidos y cómo transcurrían los días en ese lugar.

Jorge Trainer contó que un domingo luego de que un guardia le sacara la venda, se cruzó en el galpón donde estaban los detenidos con Rómulo Artieda –uno de los desaparecidos cuya familia es querellante en la causa- "Yo estoy esperando que me trasladen a la U7, pero si no llego a salir decile a mi mamá que la quiero mucho", le dijo Artieda según el relato de Trainer.

Las testimoniales hasta el momento se completaron con las declaraciones de tres testigos presentados por la defensa: Osvaldo Repetto, Jorge Parras y Héctor Albornoz. El primero comentó sobre tareas desarrolladas a fines de 1975 y 1976 para un grupo de productores de sorgo entre los que se encontraba Demarchi.

En tanto que Parras, que hasta enero del 1976 dijo haber realizado el servicio militar en el Regimiento 9, sostuvo que en ese año Demarchi ya se había retirado, aunque también coincidió con los testimonios anteriores en la existencia de un área restringida donde se alojaban detenidos.

Por otro lado, ante preguntas de la querella, Parras reconoció que actualmente trabaja en relación de dependencia para la firma Inforcom, a nombre de una Sociedad Responsabilidad Limitada integrada por Demerchi, su esposa, María Hortensia Millán y Augusto Millán, hermano de ésta y propietario del establecimiento rural que administraba hasta su detención el capitán que presidió la Sociedad Rural de Corrientes y que integró también la Sociedad Rural Argentina.

Por último, Ramón Albornoz dijo conocer a Demarchi desde la década del `70, debido a la dedicación del militar a las actividades agrarias. El testigo había sido nombrado Director de ganadería de la provincia después del golpe de Estado y se mantuvo en el área hasta antes de jubilarse, hace cinco años atrás.

Entre las víctimas de los crímenes que se investigan en la "causa RI9" se encuentran los desaparecidos Juan Ramón Vargas y Rómulo Artieda, cuyas familias son querellantes en la causa en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Provincial de Derechos Humanos.

Artieda es hasta el momento el único desaparecido en la provincia cuyos restos fueron reconocidos mediante el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Su cadáver, que según testimonios había aparecido flotando en el río en 1977, fue encontrado en un cementerio de la localidad de Empedrado, distante a 50 kilómetros de la Capital provincial.

Los abogados defensores son Eduardo San Emeterio, Jorge Buompadre, Martín Gesino y Gonzalo Molina (defensores oficiales) y Victor Ross (patrocinante de la Gendarmería).

Los representantes de la querella son Ramón Leguizamón y Diego Vigay por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. En tanto que Daniel Domínguez Henaín y Mario Bosh representan a la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La fiscalía está conformada por el fiscal federal que tuvo a su cargo la instrucción, Flavio Ferrini, el fiscal federal de Corrientes, Germán Weins, y titular del Ministerio Público Fiscal Nacional de Seguimiento de Juicios por Violaciones de los Derechos Humanos, Jorge Auat. En tanto que el Tribunal está conformado por Víctor Alonso (presidente) y los jueces Lucía Rojas de Badaró y Gabriel Navarro.

El juicio, donde también se encuentra imputado el ex comandante y Jefe de la Junta Militar Cristino Nicolaides, comenzó el martes 5 de febrero, con la presencia de reconocidos dirigentes de movimientos de derechos humanos y familiares de las víctimas.

Es el primero en el país donde se investiga el funcionamiento de un centro clandestino de detención durante la dictadura. Algunos de los imputados se desempeñaban además como empresarios, dirigentes de la Sociedad Rural y diplomáticos.