La última no ha sido una semana fácil para el proceso legislativo extraordinario que se desarrolla en Montecristi, Ecuador. La renuncia indeclinable del presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, (una de las figuras políticas más cercanas al presidente Correa y respetado líder de la coalición oficialista Acuerdo País) alimentó las más variadas conjeturas en torno a una posible ruptura en el partido del Gobierno.

Un día después, la dimisión de la asambleísta por el movimiento Red Ética y Democrática Martha Roldós acrecentó las dudas y las especulaciones respecto al futuro del debate parlamentario.

Ambos casos se presentaron en un contexto político más amplio que, aunque no directamente vinculado con la obra legislativa, mantiene ocupado al Gobierno de Rafael Correa: por un lado, la canciller de Ecuador, María Isabel Salvador, declaró en los últimos días que su país no reestablecerá las relaciones diplomáticas con Colombia, ratificando así la postura de Quito de no iniciar el diálogo hasta que el Gobierno de Álvaro Uribe aclare el ataque al campamento del número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, ocurrido en territorio ecuatoriano.

Por otro lado, el presidente Rafael Correa negó la posibilidad de que su país planee realizar acciones de defensa conjunta con los ejércitos colombiano y peruano para combatir a las FARC. La reacción del mandatario se produjo días después de las declaraciones del jefe del Ejército de Perú, General Edwin Donayre, quien afirmó haber participado de una reunión en Lima con los jefes de los ejércitos mencionados.

Los variados frentes de tensión política y diplomática reseñados sirvieron en la semana para instalar con fuerza la premisa mediática de una supuesta debilidad o desgaste político hacia el interior de de la coalición Acuerdo País, el partido que impulsa un rediseño de la Ley Fundamental ecuatoriana para la recreación del Estado Social de derecho.

Sin embargo, no obstante las dudas que provoca la dimisión del Presidente de la Asamblea Constituyente, más aun teniendo en cuenta que sólo falta menos de un mes para la finalización del texto constitucional, lo cierto es que, lejos de un quiebre en el actual proyecto político, el proceso de cambio ecuatoriano se encamina a integrar la lista histórica de países pioneros en la desarticulación del modelo de desarrollo neoliberal.

Sobre esto último, importa mencionar las palabras del ahora ex Presidente de la Asamblea, quien dejó claro que su renuncia no impedirá que siga desempeñándose como legislador constituyente.

En este sentido, Alberto Acosta explicó que su decisión de que se debatan detenidamente los artículos de la nueva Carta Magna, sin apresuramientos debido a la cercanía del plazo, "no es compartida (...) por la mayoría de la cúpula de Acuerdo País, movimiento al cual pertenezco y al que reafirmo mi adhesión". El Asambleísta añadió que tratará de que su renuncia "no afecte al proyecto, no afecte a la constitución, no afecte al gobierno del presidente Rafael Correa, no afecte al Ecuador".

Las diferencias con el Presidente Correa surgieron luego de que éste criticara, durante una entrevista cedida al canal Ecuavisa, los “amplios debates” que se desarrollan en la Asamblea. En esa oportunidad advirtió sobre la posibilidad de un “parcial desencanto en la ciudadanía porque esperaba resultados más rápidos y concretos”.

El mandatario también declaró que “la democracia participativa no es escuchar a todos todo el tiempo y no sacar conclusiones” y agregó: “con el cariño que les tengo a los asambleístas, (...) sí cayeron en errores. Creer que democracia era pasarse escuchando todo el tiempo y no tomar decisiones, eso creó varias versiones y ruidos innecesarios”.

La posterior renuncia de la asambleísta Martha Roldós finalmente no fue aceptada por el organismo constituyente. Tras la segunda votación, que vino a confirmar con 79 votos el resultado de la primera, se aprobó la moción de no aceptar la renuncia de la legisladora a su cargo de primer vocal de la Comisión Directiva de la Asamblea.

La normalidad jerárquica del organismo se restableció el miércoles con la asunción de Fernando Cordero a la Presidencia de la constituyente. Cordero señaló que en la actual etapa del proceso legislativo hay que hacer que “esto que parece una crisis sea una oportunidad para tener la mejor constitución posible”.

La nueva Carta Magna de Ecuador genera grandes expectativas y una fuerte presencia y aportes de distintos sectores sociales que esperan una efectiva transformación de la estructura política, económica, social y geoestratégica del país andino.

Uno de los pasos más importantes de la Asamblea en materia de soberanía territorial, teniendo en cuenta el actual contexto del país, es la prohibición constitucional de presencia militar extranjera en suelo ecuatoriano.

Así lo dispone el proyecto de Ley, en el artículo 5 del apartado Soberanía territorial: “el Ecuador es un territorio de Paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

Con esta disposición se otorga marco legal a la postura del gobierno de Rafael Correa de no renovar a Estados Unidos la licencia que le permite el funcionamiento de su base militar en Manta hasta 2009.

Actualmente los constituyentes debaten en el Pleno el articulado de Política Económica presentado por la mesa 7 que legisla sobre Régimen de Desarrollo. Al respecto, Alberto Acosta sostuvo que “es importante y fundamental entender que en nuestra sociedad debe desaparecer aquella visión neoliberal, que trataba de mercantilizar absolutamente todo. Nosotros no creemos que se pueda mercantilizar ni siquiera todas las relaciones económicas”.

El articulado de la mesa 7 dispone, entre otras cosas, que “el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. Tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales que posibilitan el buen vivir”.

Sobre este punto, el ahora ex Presidente de la Asamblea señaló que con la nueva propuesta de modelo económico “no estamos cerrando el paso al mercado como se dijo en algunos medios de comunicación, que sostienen que en la nueva economía no habrá mercado (...). El mercado siempre será un buen sirviente y un pésimo amo. (Por eso) tenemos que otorgarle normas y reglas para que los mercados funcionen”.

Por su parte, Fernando Cordero afirmó que los 43 artículos sancionados recientemente sobre esta temática garantizarán “un modelo de desarrollo asociativo, participativo e integrador”.

Otro avance de gran trascendencia por parte de la Asamblea fue la aprobación -en el Pleno del pasado miércoles- de 24 artículos sobre la Participación Ciudadana. El nuevo texto constitucional garantizará todos los instrumentos para el ejercicio de la democracia directa (referéndum emanado de la ciudadanía, revocación de mandatos electorales, entre otros) y permitirá la participación civil en los diferentes niveles de Gobierno, entre otros adelantos constitucionales.

El viernes concluyó el segundo debate, en el Pleno de la Asamblea, del articulado de Integración Latinoamericana elaborado por la Mesa 9 de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración. La propuesta contempla la integración económica, productiva, financiera y monetaria; la cooperación energética con los países de la región; propicia la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña y la libre circulación de las personas en la región; e impulsa una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países.

Sin entrar a considerar cada uno de los temas que han sido y son tratados por la Asamblea Constituyente de Ecuador, queda claro que el naciente texto constitucional condensa la orientación ideológico política que se ha hecho cargo de gran parte de los procesos y liderazgos políticos latinoamericanos en lo que va del presente siglo.

El Gobierno de Rafael Correa representa la incorporación de Ecuador al conjunto de administraciones progresistas que proponen una reestructuración del rol del Estado en la región (con todos sus matices y distancias) para romper con la dependencia económica de las metrópolis centrales, especialmente con el mal vecino del norte.

Tras varias décadas de aplicación de medidas económicas impuestas por organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), gran parte de los países latinoamericanos han comenzado el proceso de desajuste de la lógica del actual estadio del sistema capitalista que imposibilita el despegue de las regiones en vías de desarrollo.

Es precisamente la ruptura de esa lógica y sus consecuencias lo que inclinó en 2006 la voluntad electoral ecuatoriana en los últimos comicios presidenciales y lo que llevó la propuesta de la coalición Acuerdo País al gobierno andino.

Sin embargo, no todas las administraciones del sur del continente coinciden en sus orientaciones político-ideológicas: en Colombia el gobierno de Álvaro Uribe impulsa un modelo económico basado en la continuidad neoliberal y en el afianzamiento de los lazos del país neogranadino con Estados Unidos.

Lazos no sólo de tipo económico, como podría ser la permanente búsqueda de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país del norte, sino también de tipo geoestratégico, favorable a las aspiraciones de Washington en la región, y militar.

Por otra parte, las recientes medidas tomadas por el Gobierno peruano en materia de seguridad y defensa, y su cercanía con la doctrina de acción militar preventiva adoptada por Uribe con el llamado Plan Colombia, señalan los próximos desafíos al proceso de integración político, económico, social y militar que impulsan los gobiernos y los bloques de alianzas estratégicas de la región.

Es en este contexto latinoamericano en el que se inscribe el proyecto constitucional que elabora la Asamblea Constituyente de Ecuador. Es sobre el núcleo del conflicto ideológico de la región, y en sus distintas especificidades, que debate sobre la permanencia de un modelo que ya mostró sus conocidas “virtudes” o sobre la transformación y reconstrucción de un esquema estatal que protagonice la función de regulador económico y social.

Por ello, en caso de cumplir los asambleístas con el plazo fijado, el país andino tendrá el próximo 26 de julio una nueva Carta Magna y la posibilidad de elegir en qué tipo de país vivirán los ecuatorianos.