En los últimos días cobró fuerza la noticia de un intento en Brasil por prolongar el mandato de Luiz Inacio Lula Da Silva como Presidente de la República.

Según trascendió, la re-reelección del mandatario brasileño estaría fundada en que un cáncer linfático impediría a la candidata oficialista Dilma Rousseff afrontar las exigencias de lo que se avizora una reñida campaña electoral y los eventuales avatares surgidos de una victoria en los comicios presidenciales de 2010.

Si bien el mismo presidente de Brasil ha declarado que “no habrá tercer mandato y Dilma está bien”, existirían otras razones para que la versión inicial tuviera credibilidad.

No sólo se trataría de un problema de salud. Las encuestas indican que mientras la popularidad del actual mandatario es del 80 por ciento, el candidato opositor José Serra rondaría el 40 por ciento y mucho más alejada, con el 10 por ciento, aparecería Dilma Rousseff.

Dado que en Brasil la Constitución no prevé la posibilidad de un tercer mandato presidencial, la continuidad de Lula Da Silva estaría condicionada a una reforma de la Carta Magna que debería ser aprobada por el Congreso y la sola mención de tal posibilidad desató la consecuente tormenta política entre oficialistas y opositores.

La pregunta que surge frente al problema sucesorio brasileño es acerca de si un eventual triunfo opositor -o un recambio de líderes del mismo partido- garantizaría la continuidad de un gobierno progresista de matriz pos neoliberal, con clara conciencia de regionalidad y apreciable sensibilidad social.

La situación no es nueva en Sudamérica. Hugo Chávez, el presidente bolivariano de Venezuela ya ha afrontado la reforma constitucional con cláusula de reelección. El recurso ha sido imitado por Evo Morales en Bolivia y por Rafael Correa en Ecuador.

En otra escala, el problema sucesorio parece también cernirse sobre la continuidad del modelo argentino iniciado en 2003 por el entonces mandatario Néstor Kirchner y hoy dirigido por Cristina Fernández.

En todos estos casos la salud de los modelos pareciera depender de un fuerte protagonismo de los líderes de turno y el peligro de carecer de cuadros capaces de asumir la continuidad de las políticas encaradas, es una situación común que se repite en los países de la región.

Si bien América Latina fue el primer lugar del planeta en dónde se implantaron las políticas neoliberales, también fue la primera región en dónde se produjo un proceso de rechazo a esa matriz de pensamiento causante, en última instancia, de la vigente crisis planetaria de orden alimentario, energético, ambiental y financiero. (Ver: ““Nueva revolución, nueva sangre, nueva mente”. APM 01/01/2009)

El proceso de rechazo surgió de la mano de la aparición en América del Sur de gobiernos y de líderes comprometidos en mayor o menor medida con la suerte de sus pueblos.

Hugo Chávez fue el primero en 1998, pero casi inmediatamente lo siguieron Ricardo Lagos en Chile (2000); Lula Da Silva en Brasil (2002); Néstor Kirchner en Argentina (2003); Tabaré Vázquez en Uruguay (2005); Michelle Bachelet en Chile y Evo Morales en Bolivia (2006); Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández (2007) y Fernando Lugo en Paraguay (2008). Todos ellos coincidentes en su matriz anti-neoliberal, con distintos matices, claro.

Los mandatarios citados obtuvieron su impulso de la fuerza creciente de movimientos populares, surgidos de la crisis de legitimidad de las instituciones políticas del sistema neoliberal. Basta recordar el “que se vayan todos” de Argentina o pensar en el conglomerado que hizo posible la llegada al poder del Movimiento al Socialismo Boliviano (MAS) para materializar el concepto de que las dinámicas sociales son las que empujaban al cambio.

En Brasil el Partido de los Trabajadores (PT) de Luis Inacio da Silva ganó las elecciones presidenciales del 2002 producto de una amplia política de alianzas que le facilitó el triunfo y la posterior gobernabilidad del país. El tema de las alianzas no fue una cuestión menor dado que el PT era -y aún es- minoría en ambas cámaras del poder legislativo y también minoría a nivel nacional.

La acción de los movimientos populares en los distintos países permitió superar una posición inicial de rechazo social a las instituciones políticas preexistentes y dar lugar a una participación ciudadana más comprometida.

Dicha participación derivó en el inicio de la construcción de mecanismos de poder propios para motorizar la resistencia al modelo neoliberal. Es por eso, que la simultaneidad regional de estos hechos es una señal que deja de lado la casualidad de sus emergencias.

En la actualidad la continuidad o no de la resistencia parece encauzarse hacia dos veredas opuestas: una refundación neoliberal funcional a las élites o la profundización de un sistema alternativo solidario que permita el desarrollo económico de la región a favor de las mayorías nacionales.

Esta disyuntiva es la que se manifiesta de fondo ante la sucesión de Lula o en las elecciones parlamentarias de junio en Argentina, escenarios en dónde una derrota oficial pareciera condenar a los procesos de resistencia a un peligroso retroceso a lo peor del pasado.

En ambos casos, pareciera ser una amenaza la carencia de figuras líderes capaces de emular la popularidad mundial de Lula Da Silva o la continuidad del modelo argentino. En el mismo sentido pueden incluirse los procesos encabezados por Hugo Chávez, Fernando Lugo; Rafael Correa o Evo Morales.

Una de las razones que hacen “bolivariana” a la República Bolivariana de Venezuela es que ha tratado de reeditar el modelo de regionalidad propugnado hace 200 años por Simón Bolívar.

La idea matriz de ese pensamiento consiste en el concepto de que “juntos nos salvamos pero solos conseguiremos muy poco”, frase repetida por líderes como Lula o Chávezen cientos de oportunidades.

El concepto encierra fórmulas para la búsqueda de soluciones que permitan -entre otras cosas- la continuidad temporal de los cambios encarados, asignándoles la categoría de “políticas de Estado” con fuerte concurrencia regional. Dicho en forma más simple, se trata de encontrar fórmulas que garanticen que todo lo hecho hasta hoy no sea desmantelado por el avatar de una mala elección.

Siguiendo con el modelo bolivariano, se trata de construir un nuevo sistema de producción y consumo, desde bases populares encuadradas en las comunidades y con el uso de herramientas como las cooperativas y la autogestión.

Venezuela ha instituido en su Constitución las bases que orientan en ese sentido la práctica política. Existe una clara conciencia de que en la continuidad temporal, el cambio de modelo de producción y consumo desde una base política popular implica un reparto de poder esencialmente democrático. Además, una de sus consecuencias más visibles será que los líderes necesarios para conducir tales procesos surgirán naturalmente de un universo de ciudadanos de máxima amplitud.

Lo problemático de la cuestión es que la puesta en marcha del concepto no es inmediata. Es por eso, que durante el tiempo de transición, el liderazgo conductor deberá obtenerse de las viejas prácticas burguesas de representación política -sujetas a reformas oportunas- so pena de que las conquistas logradas se vean pulverizadas en un instante.

Otro inconveniente surge de las realidades nacionales de cada país en particular.

Venezuela es un caso particular, donde los cambios son impulsados con la tranquilidad que le otroga el respaldo del capital, proveniente de sus reservas petroleras y de un interesante apoyo militar.

Nótese aquí -como simple anécdota- que los procesos que en la actualidad se desarrollan en Venezuela, pudieron haber sido implementados en los países árabes, desde hace cuatro décadas, de haber tenido dirigentes con sensibilidad social que utilizaran las regalías petroleras en algo más útil que coleccionar autos deportivos o alimentar harenes multitudinarios.

Fuera de Venezuela, la consolidación de los sistemas es más difícil de pagar y los mandatarios deben repartir sus tiempos de gobierno en la construcción de sistemas políticos sustentables y el apagado de los incendios heredados de las prácticas neoliberales del pasado.

En esas tareas, es fundamental la integración regional al modo en que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), por ejemplo, ayudó a Evo Morales en la tarea de bombero cuando la cuestión de la secesión de las prefecturas de la “Media Luna” estaba a punto de incendiarse.

En Brasil, más dependiente del financiamiento externo, fragmentado políticamente y sin un apoyo militar incondicional como el que cuenta Hugo Chávez, la idea de adaptar la constitución a las necesidades dinámicas de los procesos en marcha es terriblemente más dificil de llevar adelante.

Tal vez, radique en esa cuestión (este cronista desconoce el grado de cansancio personal de Lula Da Silva), la imposibilidad de tan solo pensar en modificar la constitución para permitir un tercer mandato que garantice la continuidad de un líder probado.

América del Sur está viviendo el nacimiento de una nueva correlación de fuerzas, un proceso causal inédito en el pasado, cuya continuidad es demasiado importante para los pueblos como para arriesgarla en la aventura personal de líderes circunstanciales.

El dilema actual, es cómo aguantar hasta que las cosas se vuelvan autosustentables.

dghersi@prensamercosur.com.ar