De acuerdo con el ministro de esa rama, Abel Mamani, el miércoles 3 de enero, el ejecutivo perfilará la instalación en su lugar de la empresa pública y social de gestión de agua para las ciudades de La Paz y El Alto.

También señaló que por razones ajenas al gobierno, el contrato de AISA, que debería expirar el último día del año, se extenderá hasta el 31 de enero próximo.

Según esa compañía, los organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) que la sustentan, exigieron nuevos trámites administrativos.

De acuerdo con datos de la cartera del agua, en las acciones de empresa estatal tendrán participación los movimientos sociales y los dos municipios capitalinos, a partir de una inversión inicial de 5,5 millones de dólares.

Mamani garantizó la transferencia de las acciones en forma transparente sin perjudicar a las poblaciones de ambas ciudades, en respuesta a rumores sobre supuestos arbitrajes o indemnizaciones por daños y perjuicios por 100 millones de dólares.

El ministro subrayó que con la recuperación de la empresa de aguas y alcantarillado, la nueva administración debe ser lo tan eficiente como para tener la capacidad de reinvertir los recursos que sean captados.

El grupo francés Suez, a través de su filial Aguas del Illimani, gestionó el servicio del agua en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto desde 1997.

El sábado pasado la compañía comenzó a retirar el logotipo de sus oficinas principales en las dos ciudades. Según el diario boliviano La Prensa, Mamani también confirmó que será el Gobierno venezolano el que financie con 5,5 millones de dólares el despegue de la nueva compañía estatal que reemplazará a Aguas del Illimani, y adicionalmente se pedirá respaldo a la Unión Europea (UE).

La disolución del contrato con la filial de Suez fue un compromiso del presidente, Evo Morales, cuando asumió el Gobierno el 22 de enero pasado, y para concretarla nombró como ministro del Agua a Mamani, entonces líder de las juntas vecinales alteñas que realizaron varias movilizaciones con esa demanda.

La empresa fue acusada de haber incumplido con su contrato en la expansión de servicio en La Paz y El Alto y de no haber realizado las inversiones que tenía comprometidas.

Según el ministro, el Estado se hará cargo de las deudas por 9,5 millones de dólares que tiene la firma con los organismos financieros porque informes técnicos han corroborado que los montos se invirtieron en obras que beneficiaron a la población.

Agregó que el Gobierno obtendrá de los organismos una rebaja en el pago de los intereses, del 8,8 al 4,5 por ciento, lo cual le permitirá ahorrar 1,5 millones de dólares en intereses.