Derechos Humanos ampliados en el Mercosur
Organizaciones sociales defensoras de la diversidad sexual en la región se reunieron a fines de agosto pasado en la ciudad de Montevideo para participar del seminario regional “Diversidad sexual, identidad y género”, realizado en el marco de la IX Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur y Estados Asociados. El evento fue organizado por la presidencia pro témpore de Uruguay, informó el boletín electrónico Somos Mercosur.
El documento considera necesario, en primer lugar, “derogar y/o modificar todo tipo de legislación y reglamentación discriminatoria o que criminalice a lesbianas, gays, bisexuales y trans y/o les restrinja el pleno ejercicio y goce de los mismos derechos que tienen el resto de los/as ciudadanos/as”.
En esa misma línea, la declaración expresa la voluntad de los asistentes a la reunión de que sea derogada “cualquier tipo de ley o reglamentación” que prohíba a gays, lesbianas, bisexuales y/o trans donar sangre”.
En segundo lugar, la declaración apunta a “generar y/o impulsar políticas públicas transversales” de respeto a la diversidad sexual y de género “en todas las áreas de Gobierno”.
Entre esas políticas, el documento recoge el ejemplo de leyes antidiscriminatorias, programas y acciones que se han desarrollado en el ámbito de la educación, la salud y el trabajo, como ser "Brasil sin Homofobia" y aquellas propuestas por el "Plan Nacional contra la Discriminación", de Argentina o la "Comisión de Educación Sexual" de Uruguay.
Pero, en el caso de las leyes y previendo el hecho de que muchas veces falla su puesta en práctica, el documento solicita que estas sean “de aplicación efectiva”, a través de alguna instancia que garantice su operatividad e “invierta la carga de la prueba”. Para ello, se considera que “es importante establecer para esta tarea contactos directos con la sociedad civil” para que cada decisión política “emerja de un trabajo conjunto”.
La necesidad de incluir contenidos relacionados a los derechos humanos de las personas LGBT en la educación (pública y privada, institucional y no institucional) en todos sus niveles, “incluyendo la formación docente”, y el fomento de campañas que tiendan a “desconstruir los prejuicios” sobre los que se basa la discriminación por orientación sexual e identidad/expresión de género forman parte del tercer punto señalado en el documento. Asimismo, se habla de “promover la formación de grupos de investigación sobre temas relacionados a la diversidad sexual”.
El cuarto punto apunta directamente a la cuestión de la voluntad política para resolver el flagelo de la discriminación. Así, se habla de la necesidad de adoptar “decisiones” y “acciones políticas que terminen definitivamente con el hostigamiento, la discriminación, persecución y la represión de las fuerzas de seguridad hacía las personas LGBT, especialmente hacia las personas trans”, en todos y cada uno de los países de la región.
Seguidamente, la declaración vuelve a tocar el tema de la legislación en derechos humanos. Pero en esta oportunidad, apunta directamente al reconocimiento de la “familia homosexual” a través de la creación de instituciones jurídicas como las que hoy son fuente de legitimidad de la familia heterosexual. En el documento se habla de “sociedad de convivencia”, “unión concubinaria”, “pacto de unión civil” o “la equiparación del acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo”.
El cambio de nombre y sexo no quedaron afuera de la agenda de discusión ni del documento final. En el, se reclama la sanción de leyes que “posibiliten a las personas trans los cambios regístrales de nombre y sexo sin requisitos quirúrgicos o médicos de ningún tipo”, y que garanticen “el acceso público y gratuito a los tratamientos y cirugías de reasignación de sexo para aquellas/os que lo deseen”.
La generación de espacios institucionales específicos dentro del Estado “que trabajen temas de discriminación por orientación sexual e identidad/expresión de género” fue la esencia del séptimo punto. Así, se solicita que “cada Estado informe sobre estos organismos a la sociedad y que los mismos reciban y sistematicen denuncias a las que se debe dar una respuesta concreta según el caso, pero que además permitan evaluar las políticas públicas a diseñar en cada lugar”.
El documento finaliza con un pedido a los Estados del Mercosur, de modo que comprometan su voluntad política para impulsar el anteproyecto de la Convención Interamericana contra el Racismo y otras formas de Discriminación que se está discutiendo en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), “de modo que incluya expresamente la orientación sexual e identidad de género”.
Por último, se explicita la voluntad de impulsar la creación de un Observatorio Regional de prácticas discriminatorias “que incluya la discriminación por orientación sexual e identidad/expresión de género donde las organizaciones de la sociedad civil interactúen con las Altas Autoridades de DDHH del Mercosur y sus parlamentarios, entre otros/as, en investigación, estudio, discusión y atención de la temática”.
Asimismo, se solicita “que este observatorio produzca informes anuales sobre la situación de las personas LGBT en la región” para ser presentado ante instancias nacionales e internacionales.
La declaración reconoce “la necesidad de impulsar que en cada uno de nuestros países se asuma el desarrollo de las acciones necesarias para la implementación de las medidas enunciadas”, y subraya el compromiso de organizar un próximo seminario, “promoviendo la participación de las cancillerías, autoridades y funcionarios/as de los distintos poderes de cada país”.
También se solicita la incorporación de manera permanente del tema diversidad sexual, “transversalizando los trabajos de todos los grupos, comisiones y programas”, incluyendo en los informes periódicos de cada país sobre Derechos Humanos “la temática de la diversidad sexual y el estudio y consideración de los Principios de Yogyakarta para ser incluidos como tema para la próxima reunión, con el objetivo de considerar su apoyo por parte de los Estados miembros”.