Militares imputados en Argentina
La causa caratulada como "Nicolaides Cristino, Demarchi Juan Carlos, Barreiro Rafael, Losito Horacio, Piriz Carlos Roberto y Reynoso Raúl por supuesta asociación ilícita agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, aplicación de apremios ilegales y de tormentos" es popularmente conocida como "ex RI9", en referencia al establecimiento que fue sede del segundo cuerpo del Ejército, según la división jurisdiccional que estableció el Proceso. Alegando razones de salud, Nicolaides fue el único de los imputados en no asistir a la sala de audiencias. Su defensa pidió un proceso especial "hasta tanto pueda presentarse". Tanto para la querella como para los integrantes del tribunal, la situación del ex jefe del Comando de la VII Brigada de Infantería no detendrá la marcha de la causa.
De los seis, Demarchi (Capitán R), Barreiro y Losito (Coroneles) pertenecen al Ejército. Los dos últimos se encontraban en actividad al momento de ser detenidos en 2003. En tanto que Demarchi se convirtió en un destacado empresario y ocupó la presidencia de la Sociedad Rural de Corrientes. Mientras que Piriz y Reynoso eran ex oficiales de Gendarmería. Años atrás, éste último se postuló como intendente de Orán, Salta.
A la tensa calma que se registró dentro del reciento de audiencias, donde estuvieron representantes de organismos de Derechos Humanos, se contrapuso un clima bastante más hostil en la calle. En una esquina frente a la Cámara Criminal Federal un grupo de familiares y amigos de los acusados entre los que se encontraban varios estancieros se puse enfrente de una concentración de familiares de víctimas, ex detenidos e integrantes de organizaciones de DD.HH y sindicales que llegaron para pedir justicia.
A las nueve de la mañana se presentó el tribunal compuesto por Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Carlos Navarro. En la parte derecha del salón su ubicaron los representantes de Ministerio Público, Jorge Auat, fiscal federal del Tribunal Oral del Chaco; Germán Weins Pinto, Fiscal General de Corrientes; y Flavio Ferrini, fiscal de primera instancia que participó en el período de instrucción de la causa.
Junto a ellos, tomaron ubicación los abogados querellantes, Ramón Leguizamón y Diego Vigay, por la Comisión de Familiares de las Víctimas, y Daniel Henaín, por el Estado Nacional, que también se presenta como parte de la querella.
En el ala izquierda del reciento se ubicaron los abogados defensores, junto a los cinco imputados presentes en la jornada. Demarchi, Barreiro, Losito, Reynoso y Píriz esperaron la lectura de la acusación del fiscal, que en definitiva fue la única actividad que se desarrolló en esta primera audiencia.
Por el transcurso de casi seis horas se conocieron los pormenores de la acusación de la fiscalía. La querella asegura contar con pruebas contundentes para demostrar que en el ex Regimiento 9 de Infantería, "Coronel Pagola" funcionó durante la última dictadura militar un centro clandestino de detención en el que se desempeñó una asociación ilítica dedicada a crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentran la privación ilegítima de la libertad, tormentos y torturas a los detenidos y, en muchos casos, la desaparición forzada de personas.
En total, la parte acusadora tiene dispuestos a un poco más de 80 testigos, además de una batería de pruebas documentales que prueban la responsabilidad de Demarchi y los demás.
Demarchi y Losito en "el 9"
Como punto de partida, durante la lectura de la acusación se conocieron los casos de, por ejemplo, Miguel Ángel Miño, secuestrado el 16 de noviembre de 1976, en esta ciudad. La declaración de este testigo da cuenta de haber sido torturado con golpes de puño, patadas, y picana eléctrica, antes de sufrir un simulacro de fisulamiento. Además, asegura haber reconocido al capitán Demarchi y al coronel Horacio Losito como responsables de los castigos. Miño fue liberado en La Plata el 26 de noviembre de 1981, luego de pasar por varios lugares de tortura, como la alcaidía de la capital provincia, y la dependencia que el ejército poseía en Santa Catalina –a unos 15 kilómetros de esa ciudad-. La coincidencia de este con otros testimonios incorporados a la causa refiere al funcionamiento de una aceitada maquinaria de muerte en la zona que no dista de lo ocurrido en otros lugares del país por aquellos años.
A pesar de la crueldad de los hechos incorporados al expediente de la causa, los imputados no acusaron recibo: con gestos adustos y sin siquiera muestras de intentar ruborizarse, contemplaban a los presentes desde sus ubicaciones.
Una actitud similar tuvieron los familiares de los imputados, encabezados por Cecilia Pando, conspicua defensora de los genocidas, quienes durante el cuarto intermedio despidieron a los ex militares con aplausos. A pesar de esta abierta provocación, los representantes de organismos de Derechos Humanos, como Lidia "Taty" Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Marta Pelloni, responsable de la Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá; y los diputados nacionales Remo Carlotto, Araceli Carmona; entre otros presentes, decidieron no responder.
Los unos y los otros
Afuera del Juzgado, la actividad comenzó antes que en la sala de audiencias. Desde muy temprano, un grupo de señoras rubias y hombres engominados que portaban inmensas escarapelas se apostó en la esquina de las calles La Rioja y Pellegrini, centro neurálgico de las actividades administrativas en la capital provinciana. -¿Podemos entregarle un volante?-, preguntaban a los transeúntes unos manifestantes visiblemente poco entrenados en esos menesteres. Con el título "Esto también pasó en Argentina", la hojita prolijamente impresa arremetía contra políticos "que no tuvieron el coraje ni la grandeza de asumir sus culpas" y "algunos miembros del Poder Judicial de actitud sumisa y complaciente". El grupo, que alcanzó a las 30 ó 40 personas, estaba integrado por ganaderos, médicos y abogados. Sobresalían mujeres con rosarios y celulares todo el tiempo a mano.
De otro lado de la calle, separados por un cordón policial y con menos puntulidad, comenzaron a llegar hijos, esposas, padres y hermanos de militantes desaparecidos. También estaban ex detenidos, exiliados, sindicalistas y militantes de organizaciones sociales y políticas. Entre ellos, la legisladora y nieta recuperada Victoria Donda y el subsecretario de Derechos Humanos de Chaco, Carlos Martínez. Muchos venían del sur de la provincia, donde el terrorismo de Estado se hizo sentir con mayor peso para reprimir, por ejemplo, la lucha campesina de las Ligas Agrarias en las localidades de Perugorría, Goya y Santa Lucía.
Mientras unos cantaban el himno con gesto de estoicismo, los otros advertían a coro "y ahora llora la puta oligarquía porque se viene la cárcel colectiva". Cuando las rubias arremetían con un padrenuestro, gritos individuales recordaban a viva voz algunas de las imputaciones: "¡¡¡ torturadores de embarazadas!!!".
El clima alcanzó picos bastante tensos, como cuando uno de los testigos por la defensa, el pediatra Augusto Millán, agredió a un camarógrafo de Canal 7 mientras intentaba filmar un forcejeo entre integrantes de uno y otro sector.
Antes del mediodía, los primeros en llegar comenzaron la retirada. En medio de gritos que denunciaban a "zurdos, subversivos", los defensores de los militares se fueron yendo lentamente. La esquina fue ganada por la movilización "del pueblo", como la llamó un ex exiliado en Alemania que regresó al país para testimoniar en el juicio.
Portación de cara
Una vez que la situación se calmó, otro incidente enardeció los ánimos de los manifestantes. A pocas cuadras del lugar, efectivos de la policía provincial detuvieron a un joven integrante del Movimiento Barrios de pie que momentos antes se encontraba en la manifestación. No tener documentos y el rótulo de "sospechoso" fue toda la explicación. La situación se resolvió literalmente "a las piñas", cuando un abogado del movimiento y una legisladora provincial sacaron al muchacho de manos del efectivo que intentaba llevarlo. Entonces se acercaron inmediatamente dos hombres de civil y se enfrentaron al grupo que intentaba liberar al "sospechoso". -¿"Quiénes son ustedes, identifíquense"? exigió el abogado pero no hubo respuestas. Se trataba de dos integrantes de la ex Brigada de Investigaciones de la policía provincial, uno de los cuerpos de ese organismo que con más casos de gatillo fácil carga en su haber desde la irrupción de la democracia hasta la actualidad en Corrientes. Al poco tiempo que el joven volvió a la movilización frente al juzgado con su grupo, los ánimos volvieron a caldearse cuando los mismos policías de civil fueron detectados detrás de una valla fotografiando a los presentes en la manifestación.
Lo siguiente fue una espera bajo el sol que por momentos se volvía interminable. Finalmente, casi a las seis horas de iniciada la primera audiencia, los que estaban en la sala comenzaron a salir con la cita para continuar la lectura de expedientes para el día siguiente. Lo restante, serán varios meses de testimonios, alegatos y careos luego de más de treinta años de impunidad y ante el ejercicio de algunos mecanismos represivos que se continúan repitiendo en democracia.